Quién no ha entrado a un almacén de cadena y ha deambulado bajo las luces iridiscentes viendo las cosas bonitas y nuevas exhibidas en los anaqueles. La sensación de orden, limpieza y novedad casi siempre nos induce a comprar. Es un escenario ideal para el gasto donde sobran las explicaciones. Saber de dónde salen esos bienes, quién los hace, bajo qué condiciones y a qué precio, son datos que el consumidor responsable tiene que rebuscar en la letra menuda de las etiquetas.

Ser minucioso al momento de comprar se ha vuelto importante por varias razones. Colombia importa anualmente dos terceras partes de los alimentos para el consumo interno, lo que implica que cada compra se debate entre apoyar a los campesinos locales que cultivan productos de la canasta familiar o a las empresas extranjeras productoras a gran escala de los alimentos de consumo diario.

Inclinarse por los primeros supone incentivar la soberanía alimentaria, es decir, la facultad de los Estados para definir políticas agrarias y alimentarias ambientalmente sostenibles, socialmente justas y culturalmente adecuadas. Optar por los segundo es afirmar un modelo de mercado donde el monopolio de las semillas, los agroinsumos y la especulación financiera manejan el costo de los alimentos y hacen peligrar el acceso a ellos.

Cuando se es un consumidor activo e informado también se tiene la ventaja de elegir los mejores alimentos. Por ejemplo, las frutos más grandes y más llamativos se venden primero aún cuando pueden ser los más contaminados por los agroquímicos empleados en desarrollar de manera anormal los cultivos y sacar los más seductores a la vista. Un buen consumidor sabe identificar aquellos cultivados bajo parámetros agroecológicos para asegurarse de que esos tóxicos no van a terminar en su mesa.

En las plazas e hipermercados quizá se puedan encontrar ambas opciones, dejando la elección al ojo avezado del comprador. Sin embargo, esto no los convierte en mercados justos para el pequeño agricultor. Parte de las acciones del consumo responsable es integrar el costo ambiental y nutricional con el costo social y productivo, a través de la disposición de condiciones óptimas de venta y el pago de precios razonables.

Con estos requerimientos, el ciclo de la alimentación debería comenzar con la producción agroecológica de la comida, por salud y preservación del patrimonio natural; seguir con la venta a un precio justo y preferiblemente sin intermediarios; y concluir con la participación de un ciudadano con criterio para apostarle a la producción local, más sana y consecuente con la realidad política y económica del país.

Ya en la mesa, la comida retoma su tono de celebración de la cultura. Lo ideal sería aprovechar estos alimentos frescos en recetas tradicionales para obtener su máximo aporte de nutrientes y los mejores sabores. Reivindicar la culinaria nativa que depende de estos ingredientes ayuda a la pervivencia de la diversa agricultura local y los saberes propios, componentes vitales de la soberanía alimentaria.

Es necesario aceptar que ser un consumidor responsable no es fácil, o al menos no tanto como pasear un carrito de mercado y llenarlo de productos ya seleccionados y empacados. Lo que implica es mayor coherencia y el esfuerzo por formarse en bien de los intereses individuales y colectivos, de la salud, el placer culinario y el desarrollo local.

Además, el sentido de pertenencia debe extenderse a todos los hábitos de consumo. Independiente de la necesidad que se quiera satisfacer, lo que se busca es problematizar todos los gastos por sus implicaciones ambientales y sociales. Cada acción particular tiene repercusiones en las decisiones que afectan a gran parte de la población; así, preferir o no algo puede implicar el futuro económico de una comunidad.