En el Nordeste y Bajo Cauca antioqueño se encuentra la Reserva Forestal del Magdalena. Cinco municipios conservan todavía parte de esta reserva: Nechí, El Bagre, Zaragoza, Segovia y Remedios. Y en el corregimiento de Puerto López, del municipio de El Bagre, un grupo de profesionales estudian los procesos socioeconómicos y ambientales del lugar para buscar el desarrollo de una economía y una cultura forestal que garantice los derechos de la gente del campo y la recuperación, conservación y uso sostenido de los bosques.

La abogada Isabel Cristina Correa trabaja con el Plan de Ordenamiento Forestal de los bosques del Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño, y está convencida que los campesinos necesitan que se les reconozcan sus derechos. En el año 1974, mediante el decreto 2811 del Código Nacional de Recursos Naturales, se declaró que en las Zonas de Reserva Forestal (ZRF) no se podían titular con fines de conservación. Se creía que para poder titular había que tumbar el bosque. Pero Isabel Correa, junto con un equipo de trabajo de la Subdirección de Ecosistemas de CORANTIOQUIA, está estudiando diferentes formas de darle la tierra al campesino sin perjuicio de la naturaleza y los bosques. Una de las salidas que han encontrado es la sustracción.

¿A qué se debe que se empiece a hablar de sustracción dentro del proyecto de ordenación forestal?

La Corporación mediante el Proyecto de Ordenación Forestal, ha querido leer el territorio y ha entendido qué necesita la comunidad. En el Proyecto, desde que se formuló, se contempló que se hacían los procedimientos de ordenación forestal (saber cuánta madera existe, cuánta se puede explotar y cómo es el procedimiento) pero que se tenía que tener eso en un piso socioeconómico donde los favorecidos fueran los campesinos y las comunidades negras e indígenas, y no una ordenación forestal clásica donde los beneficiados fueran las grandes industrias.

Se ha llegado a ver que no necesariamente tenga que llegar a ser mediante una sustracción; que podría llegar a ser una reforma normativa, pero como éste es un proceso tan complejo y demorado, tomamos entonces una decisión colectiva, entre varias instituciones, la comunidad, el Consejo de Desarrollo Rural, entre otros, para hacer un proceso piloto de sustracción, de un área determinada, detectable y que fuera la comunidad más organizada.

¿Por qué se defiende que la sustracción no es acabar con el bosque?

Hay un paradigma mental donde se cree que las selvas están vírgenes y sin gente. Y en realidad hay muy poca tierra en esas condiciones, no porque la gente no quiera vivir allí, sino porque son zonas escarpadas de difícil acceso. La conservación no tiene que ver con las figuras jurídicas o institucionales sino con las condiciones biofísicas que hacen difícil la extracción de recursos, la vida misma de las familias, etc.

Creemos que en lugar de negarnos a esa realidad, de taparnos los ojos diciendo que es que la reserva tiene que seguir así, hay que entrar a administrarlas y trabajar con ellas. Esto implica trabajar con la comunidad que vive allí, y en ese sentido el Estado tiene un deber de garantizar sus derechos. En muchos movimientos y escenarios internacionales, se ha concluido que el primer paso para la conservación es eliminar y disminuir la pobreza, es decir, la conservación no es porque se declare ni porque se decrete, sino porque se trabaje hacia ella con la comunidad.

¿Sustracción es igual a mejorar la situación económica y las oportunidades a las familias campesinas?

El título por sí solo no representa nada. Es una garantía, una seguridad y un instrumento para conseguir otro tipo de posibilidades. Abre la puerta, por ejemplo, a subsidios porque el Estado y las instituciones tienen algunos amarres legales, formales y mentales, donde los recursos se invierten en zonas que tengan títulos. Si el Estado invierte en zonas que no tienen títulos de propiedad, el funcionario o la propia institución se siente muy insegura en hacerlo. Porque cuál es la garantía jurídica de que eso que están invirtiendo se está invirtiendo correctamente, y de que van a tener, digamos, unas garantías patrimoniales.

También van a poder acceder más fácil a créditos por ejemplo del Banco Agrario, o a préstamos de otros bancos. Nosotros esperamos que ellos puedan acceder a los mercados de carbono. Globalmente hay muchos países, instituciones y personas, interesadas en hacer inversiones en zonas que tienen captura de carbono, que tienen bosque o plantaciones en crecimiento. Por eso necesitan tener seguridad jurídica de la tenencia de tierra, ya que una empresa no se va a arriesgar a invertir para que la persona después sea desplazada, o le quiten la tierra y se pierda toda la inversión. Y no se ha podido negociar porque la gente no tiene título.

¿Qué dirías si te pidiera por qué objetivo están trabajando?

Le vamos a entregar al INCODER y al Ministerio de Agricultura la solicitud de sustracción con todos los estudios hechos en el corregimiento de Puerto López. La solicitud se hace de parte de CORANTIOQUIA, la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de El Bagre y la comunidad de El Bagre. El INCODER debe dar un visto bueno y pasarle esta solicitud al Ministerio, quien debe programar unas visitas técnicas en 60 días para decidir si es viable o no la solicitud. Luego de que se autorice la sustracción vienen los programas de titulación, con una gran alianza que tenemos con la Gobernación de Antioquia, la Secretaría de Agricultura del Departamento, la Mesa de Tierras del Departamento, el Centro de Coordinación del Bajo Cauca y el Ministerio de Agricultura.

El objetivo es muy claro y es el derecho a la tierra, el derecho a la propiedad privada para familias campesinas habitantes de las zonas de reserva forestal. El primer instrumento para esto es la sustracción, el otro sería una reforma normativa. Estamos buscando la forma de influir para que se haga una reforma normativa. Es complejo pero le estamos trabajando.