Colombia es un país con grandes riquezas ecológicas pero también llena de paradojas y complejidades. Actualmente las zonas de reserva forestal ocupan el 47% del territorio del país. De acuerdo a una norma restrictiva del Código de Recursos Naturales de 1974, los habitantes de estas tierras, todavía sin calcular, no tienen derecho a que se les adjudique la tierra que han venido ocupando desde hace varias décadas. Por eso hablar del derecho a la tierra en las áreas de reservas forestales se está convirtiendo en una discusión del orden nacional.

Lina Correa es abogada de la Universidad de Antioquia, especialista en derecho Administrativo. Desd e su trabajo de grado en la universidad ha venido trabajando con el tema del derecho a la tierra, viendo las condiciones de población desplazada de Medellín, y pensando en el reconocimiento de sus derechos. Ahora trabaja para Corantioquia en el Proyecto de Ordenación Forestal Sostenible de la subregión del Bajo Cauca y el Magdalena Medio de Antioquia. Dice con algo de rubor que en la Corporación es una “aparecida”, y que lo único que hace es poner un pequeño “plus” en este Proyecto, relacionando la ordenación forestal y el derecho a la tierra con las propuestas de reparación colectiva para las víctimas del conflicto, que en la actualidad se debaten en el país.

¿Piensa que hay una raíz en el problema del derecho a la tierra en estas áreas donde la gente no puede acceder por vías legales a la tierra?

Hay un problema general a nivel agrario que hace parte de las causas fuertes del conflicto en el país, de reformas agrarias frustradas que proponían una estructura más equitativa de la propiedad, un desarrollo rural más adecuado, y el reconocimiento social de la población campesina. Ahí hay gran parte del problema que se ve en éstos territorios, particularmente en las zonas de reserva forestal: ausencia de políticas agrarias y ambientales que al campesinado como un actor social importante para el país.

¿Podemos decir que si el Estado reconoce al campesino como actor social, también se pasaría a reconocérsele su derecho a la tierra?

Sí. Por ejemplo en las zonas de reserva forestal y en las áreas protegidas del país hay una tensión por la idea de que no se deberían ocupar ni promover el poblamiento de estas zonas, pero esa es una realidad que no debemos desconocer. Por ejemplo, en el territorio que hemos venido trabajando, sobre todo en el municipio de El Bagre y los otros municipios del departamento de Antioquia, que se traslapan con la zona de Reserva Forestal del Río Magdalena, se ha constatado que hay mucha gente que ha ocupado tierras desde hace varias décadas.

En general se ha pensado que la existencia del bosque compite con la población, desde el Proyecto lo que se ha querido presentar es la compatibilidad entre la presencia de la población campesina, el reconocimiento de su derecho a la tierra y proyectos que hagan sostenibles la producción, los proyectos agroforestales, el mantenimiento y la protección del bosque. Lo que ha existido por la vía legal es una falta de reconocimiento de la esa población campesina, con una consiguiente marginación en sus condiciones de vida, y una acción que ha llevado a que la gente, buscando obtener el derecho a la tierra, tenga que desmontar. Se ha entendido que para que te reconozcan el derecho a la tierra, hay que acabar con el bosque. La gente lo que dice es: “Para que me titulen tengo que probar que he trabajado la tierra”.

Queremos demostrar que hay otras formas posibles de producción y de conservar el uso forestal de ese suelo, sin tener que desconocer los derechos de la población que la habita.

¿Cuál es la porción de tierra de reservas forestal en Colombia y, de esa porción, cuánta gente habita estas tierras?

Según estudios que se han hecho, en particular por parte del proyecto Protección de Tierras y Patrimonio de la Población Desplazada , la porción del territorio nacional que está comprometida en zonas de resera forestal es del 47%, y se ha encontrado que estas zonas han sido muy afectadas por el desplazamiento y el conflicto.

Hay problemas con las estimaciones de la población que habita estos territorios porque, aparte de que ha habido un desconocimiento institucional de la existencia de esta población, tampoco existen inventarios catastrales en estos lugares que permitan conocer la realidad de los predios y el patrimonio que la gente posee. Cosas como éstas hacen que no podamos tener estimaciones confiables del número total de población que las habita. Ha habido cálculos de 15 millones, otras de 3 millones de población .Lo cierto es que son más de 300 municipios que están ubicados o se traslapan con zonas de reserva forestal.

En el caso particular de las zonas de reserva, el asunto es también pensar si se tienen restricciones normativas para titular y poder dar acceso formal a la gente. ¿Cuál será la solución? Esos territorios ocupan el 47% del territorio, y es un problema que tiene tanto Antioquia, como Santander, Nariño.

Como usted dice no es un problema único de nuestro departamento. ¿Podemos decir que la problemática se vive en todo el territorio colombiano?

Sí. Estamos diciendo que casi la mitad del territorio está declarado como zona de reserva forestal, así mismo el debate y las paradojas se van a presentar en el territorio nacional, con departamentos mucho más afectados. Por ejemplo, el departamento de Nariño donde el 69% de su territorio es zona de reserva forestal. Eso los tiene muy preocupados porque implica que en un departamento tan convulsionado por el conflicto armado, con el desplazamiento y con la preocupación por revertir las consecuencias de ese conflicto y restituirle los derechos a las víctimas, la pregunta constante es cómo se va a hacer con esa realidad territorial.

¿Y en Antioquia cómo se refleja la problemática por el derecho a la tierra?

Es similar a lo que te he venido comentando, con graves problemas de concentración y conflictos por el uso del suelo. Frente a las consecuencias del conflicto armado hay subregiones más afectadas que otras. En Urabá terceros se apropiaron del derecho a la tierra de la población desplazada. Allá nos encontramos por ejemplo ventas forzadas o falsas, hubo amenazas como “usted me vende a mí o le compramos a la viuda”. Casos donde se falsificaron firmas y que ahora se están buscando salidas en el proceso de Justicia y Paz, o se está a la expectativa de la implementación del capítulo de restitución de tierras de la Ley de Víctimas que crea una jurisdicción especial para discutir estos casos. Hace cerca de 20 días en el proceso de Justicia y Paz, un Magistrado de control de Garantías ordenó cancelar unos títulos de predios ubicados en el municipio de Mutatá, pues se comprobó una venta falsa donde la persona que aparecía firmando había muerto hacía 2 años.

Toda esta discusión que se está proponiendo, está en el marco del Proyecto de Ordenación Forestal Sostenible . ¿Cómo se vincula la Corporación al debate nacional sobre el derecho a la tierra?

Primero, porque es uno de los objetivos estratégicos del Proyecto de Ordenación Forestal de los Bosques del Bajo Cauca y Nordeste antioqueño. Se ha visto que para tener un bosque en condiciones adecuadas también hay que tener la población en condiciones adecuadas. Parte de la estrategia es ¿cómo buscar el reconocimiento del derecho a la tierra para esa población?

Hemos venido defendiendo los postulados de la conservación, la ordenación forestal y el derecho a la tierra. Pensamos que no se tiene que desconocer la existencia de zona de reserva forestal para reconocer el derecho a la tierra; ambos conceptos son compatibles. Además, sabemos que para cuidar el bosque hay que garantizar el derecho de la gente que habita estos territorios y que los van a seguir habitando. Es mejor reconocer esto y mejorar sus condiciones, trabajar con ellos para la conservación, tener proyectos de desarrollo sostenibles…

Milton Santos plantea que tener sentimiento de pertenencia por la tierra es más fácil cuando la tierra también nos pertenece. ¿Hay entonces mejores condiciones para el bosque y para las comunidades cuando hay tenencia de la tierra?

Ese es el enfoque que se promueve. Hay situaciones muy inequitativas: es mucho más fácil obtener permisos para explotación minera a que haya reconocimiento de la población campesina para que se desarrollen proyectos que mejoren sus condiciones de vida. Pensamos que tener a la población en la marginalidad es tener un bosque en la marginalidad.